Personas mayores LGBTQIA+ “tienen que regresar a un clóset para poder buscar vivienda”
Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día identificó un patrón de discrimen contra estas poblaciones en centros de cuidado prolongado y égidas debido, en parte, a la falta de adiestramientos y guías por parte de los departamentos de la Familia y Vivienda.
por 
David Cordero Mercado | El Nuevo Día y 
Joaquín A. Rosado Lebrón |
Luego de enviudar y quedar sola, una mujer de 81 años residente de Arecibo decidió mudarse a una égida en ese municipio. Una vez allí, una encrucijada la mantenía en vilo: tenía miedo de colocar en la sala de su apartamento una foto suya junto a la mujer que había sido su compañera de vida.
“Me dice, ‘es que tengo miedo de decir que yo enviudé de una mujer, porque yo no sé si me van a aceptar aquí’”, relató Wilfred Labiosa, director de la organización Waves Ahead, fundada en 2018 para ofrecer servicios a personas mayores de las poblaciones Lésbica, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersexual y Asexual (LGBTQIA+) y otras comunidades vulnerables por su identidad sexual o de género.
La mujer relató a Labiosa que había escuchado chistes homofóbicos en el vestíbulo del edificio, lo que le provocaba temor. El miedo a no ser aceptada por sus vecinos la llevó a colocar la foto en la intimidad de su habitación. El año pasado falleció. Labiosa prefirió no compartir el nombre de la égida de Arecibo para preservar la identidad y privacidad de la mujer fallecida.
Como ella, otras personas mayores de las comunidades LGBTQIA+ se han visto obligadas a esconder sus identidades a cambio de tener acceso a un techo seguro y servicios de cuidado, aseguró el director de Waves Ahead.
“Tienen que regresar a un clóset para poder buscar vivienda”, apuntó Labiosa, quien intentó llevar los entrenamientos que ofrece Waves Ahead sobre personas mayores LGBTQIA+ a esta égida en Arecibo, pero fueron rechazados. “Me comuniqué con la administración, le ofrecí los entrenamientos y me dijeron, ‘para qué, si aquí no hay nadie así’”, recordó.
Foto por Vanessa Serra | El Nuevo Día
Los centros de cuidado para personas mayores o égidas en Puerto Rico presumen que no existe diversidad de identidad de género u orientación sexual entre sus residentes, este es uno de los hallazgos principales de una encuesta a 80 centros y un sondeo a 16 égidas realizados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y El Nuevo Día.
La invisibilización de estas personas es contraria a las guías del Centro Nacional de Recursos Sobre el Envejecimiento en Personas LGBT, subsidiado por fondos federales y dirigida por la organización estadounidense Servicios y Abogacía para Personas Mayores Gay, Lesbianas, Bisexuales y Transgénero (SAGE), en colaboración con otras 18 organizaciones. Estas guías establecen que presumir que no hay diversidad sexual entre los residentes de estos centros subestima los desafíos de las poblaciones LGBTQIA+, como la discriminación, la violencia y el estrés físico o emocional.
El 86% de los centros para el cuidado de adultos mayores encuestados — que son licenciados por el Departamento de la Familia — no cuentan con guías que eduquen o informen sobre prácticas antidiscriminatorias, lenguaje inclusivo o trato digno a personas envejecidas LGBTQIA+. Ninguna de las 16 égidas sondeadas para este reportaje tenían guías. En Puerto Rico existen al menos 202 égidas que son subvencionadas por el Departamento de la Vivienda local o federal. Según el Departamento de la Familia, hasta mayo de este año existían mil centros de cuidado para personas envejecidas.
Además, la encuesta reveló que los dueños o administradores de estas instalaciones desconocen cuáles son las necesidades que requieren las personas mayores de estas poblaciones. Asimismo, la investigación periodística confirmó que la intervención de ideologías o creencias religiosas provocan discrimen contra las comunidades LGBTQIA+ y limitan el servicio en un espacio seguro para estas poblaciones.
“Conozco casos donde no han querido aceptarlo [a un nuevo residente] porque es gay. Otra, que no han querido aceptar porque son pareja”, aseguró José Acarón Rodríguez, director de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, en inglés) en Puerto Rico.
La encuesta, que se hizo de manera anónima para promover la honestidad en las respuestas, confirmó que las ideologías o creencias religiosas son un factor que provoca que se prohíba a parejas entre personas del mismo sexo compartan una habitación en un centro de cuidado prolongado, mientras que un matrimonio heterosexual puede hacerlo.
Por ejemplo, la dueña de un hogar de cuidado prolongado en Hatillo aceptó que en su centro los matrimonios heterosexuales pueden compartir una habitación, pero no las parejas mismo sexo. “Tengo unas creencias. Yo respeto, pero no lo apoyo. No estoy de acuerdo”, señaló en la encuesta.
Casos como el anterior van en contra de las directrices del Departamento de la Familia, que instruye a los centros que son licenciados por la agencia a respetar la convivencia de las parejas, independientemente de la orientación sexual o identidad de género y cuyo incumplimiento conlleva, incluso, la pérdida de sus licencias de operación.
Esta investigación periodística identificó discrimen en torno a la aceptación de parejas o matrimonios en una misma habitación en los centros. Mientras que 59 personas administradoras o dueñas dijeron aceptar parejas heterosexuales, tres — de esas 59 — afirmaron categóricamente que no aceptan parejas del mismo sexo, a pesar de contar con las habitaciones matrimoniales y ser una directriz de la agencia que los licencia. Siete de los centros encuestados, además, no asumieron postura sobre si aceptarían que personas del mismo sexo compartieran un cuarto. El resto de los encuestados dijeron que, por sus acomodos, no aceptan parejas y, en otros, los participantes no pernoctan allí por ser hogares de cuidado diurno.
“La instrucción es que las parejas que convivan compartan la misma habitación, ya sea matrimonio o sean parejas que convivan”, subrayó la directora interina de la Oficina de Licenciamiento de la agencia, Bárbara González Nieves.
Por su parte, Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, reconoció que ha ocurrido discrimen asociado con creencias o ideologías religiosas. “Tenemos sectores con mucho discrimen. Muchas veces son grupos de base de fe, y estos sectores religiosos que a veces quieren imponer una forma de pensar”, planteó.
González Nieves advirtió que cualquier persona dueña o que administra un establecimiento licenciado por el Departamento de la Familia que discrimina contra una pareja o matrimonio del mismo sexo, “se expone a la cancelación de licencia, de corroborarse y fundamentarse el referido de discrimen”.
Discrimen exacerbado entre residentes
No todas las personas mayores de las comunidades LGBTQIA+ que residen en égidas o centros ocultan su orientación sexual o identidad de género. “Nunca he estado en el clóset”, afirmó Verónica Vargas, una mujer lesbiana de 69 años que reside en la Égida de la Policía en Guaynabo.
Al cumplir 60 años, Verónica decidió trasladarse a un apartamento en una égida que le permitiera una vida independiente a un costo asequible y al alcance de su ingreso del Seguro Social. Pero nunca recibió una llamada de vuelta de ninguna de las dos égidas que visitó inicialmente y en las que solicitó apartamento. Verónica explicó que, al acudir a esos lugares, era evidente que es lesbiana porque acostumbra llevar consigo elementos alusivos a la bandera arcoíris que es símbolo de las comunidades LGBTQIA+, por ejemplo, su camisa, una cartera o pulseras.
Tras seis meses de espera, surgió un espacio en la égida donde reside, un proyecto de vivienda para personas envejecidas con escasos recursos económicos, no necesariamente exintegrantes de la Policía. Al mudarse allí, Verónica enfrentó el discrimen de otros residentes.
“Cuando llegué aquí, lo que tenía era mi cama y nada más, pues todos los días salía y compraba algo. Me encuentro con esa señora en el ascensor y me dice que si yo tengo un hijo, y yo le digo que no, no tengo hijos y me dijo, ‘ah, entonces tú estás con los plásticos puestos’, por no decirme otra cosa”, relató.
La expresión — señalada por Verónica como lesbofóbica — también apunta hacia una visión estereotipada de la mujer, que, por no estar casada con un hombre y no tener hijos, se presume que nunca ha tenido experiencia de índole sexual. “[Sugiere] que las mujeres se supone que sean de cierto modelo, que no pueden tener diversidad, que no pueden decidir con su cuerpo”, planteó Labiosa.
Foto por Alexis Cedeño | El Nuevo Día
Verónica se reconoció como mujer lesbiana desde adolescente. “Ya con los 14 años yo como que sabía que me gustaban las nenas”, contó. Su orientación sexual no era un secreto en su hogar y tampoco lo escondió ante la sociedad. “Te miran siempre por encima del hombro, pero a mí no me importaba”, rememoró.
La trabajadora social de la Égida de la Policía, Miosotis De León, dijo que allí “existen protocolos dirigidos para cualquier tipo de discrimen” y que hay un coordinador dedicado a atender querellas relacionadas con estos. De León indicó que ella no era la trabajadora social cuando ocurrieron los hechos que relató Verónica, pero que, en su caso, ha completado horas de educación continua “dirigidas a la comunidad LGBTQ+”.
El acercamiento discriminatorio en el ascensor fue uno de muchos comentarios que, según Verónica, recibió de otros vecinos, principalmente a sus espaldas. Las entrevistas realizadas para esta investigación periodística muestran que los sucesos que enfrentó Verónica no son hechos aislados en Puerto Rico.
Ever Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, contó que en los pasados dos años recibió tres denuncias por parte de adultos mayores de las comunidades LGBTQIA+, que residen en égidas y habían sido discriminados por sus vecinos.
“Las querellas que hemos tenido han sido por problemas entre vecinos, donde se ha desarrollado algún tipo de homofobia. Se crean unas relaciones de tirantez y solicitamos entonces la intervención de los administradores, y se ha resuelto de forma positiva”, dijo.
Una de estas denuncias, expuso, trataba de un adulto mayor que no se atrevía a hacer una querella a la administración de su égida por temor a recibir una respuesta poco alentadora tras percibir un vínculo amistoso entre el vecino perpetrador y la administración.
“Fuimos intercesores en ese proceso y el administrador se mostró aliado de la persona que había sido víctima de un discrimen verbal”, dijo Padilla. El vecino nunca se disculpó, contó Padilla, pero para el denunciante fue suficiente que se reconociera el asunto y no continuar invisibilizado.
Aunque la Comisión de Derechos Civiles y la encuesta hecha como parte de esta investigación periodística evidencian un patrón de discrimen, el Departamento de la Familia, por su parte, indicó que no ha recibido querellas de este tipo por parte de los centros de cuidado prolongado licenciados.
“Que yo tenga conocimiento al presente, ninguna. A nuestra oficina no han llegado este tipo de referidos, pero si llegan, se van a atender con la misma celeridad que se atiende a cualquier otro referido de maltrato institucional o discriminación”, manifestó González Nieves.
En cambio, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, señaló que su agencia ha recibido querellas sobre discrimen asociado a la orientación sexual e identidad de género de adultos mayores de las comunidades LGBTQIA+. Vivienda subsidia a las égidas en Puerto Rico y administra aquellas que corresponden al Programa de Sección 8 (programa de vales) y los residenciales públicos.
La Administración de Vivienda Pública cuenta con una oficina de sección 504 (Vivienda Justa) y un coordinador que recibe las querellas. Rodríguez Rodríguez no pudo precisar el número de querellas recibidas y atendidas. Aunque se le dio seguimiento posteriormente, la agencia no proveyó la cifra.
Familia no ve necesario recoger datos de esta población
Una respuesta común de las personas que administran centros de cuidado prolongado regulados por el Departamento de la Familia fue que, por falta de verbalización del adulto mayor, desconocían si entre los residentes había personas de las comunidades LGBTQIA+. Para asegurar un trato justo, expresaron en la encuesta “tratar a todos por igual” o “reconocer y respetar sus derechos” en sus prácticas.
La directora interina de la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia, González Nieves, reconoció que la agencia no exige ni recopila datos demográficos sobre identidad de género u orientación sexual de los adultos mayores, aunque dijo que no hay nada que impida a Familia o los centros recopilar esa información.
“Se trata al adulto mayor enmarcado dentro de todas sus necesidades. Entonces, no hace diferencia en que el adulto mayor tenga una orientación sexual específica o no. Todos somos iguales, no veo la necesidad de establecer o recoger esa data para efectos del servicio de cuidado”, planteó González Nieves.
Sin embargo, el Centro Nacional de Recursos sobre el Envejecimiento en Personas LGBT recomienda partir de la premisa de que un centro de cuidado tiene clientes de estas poblaciones, para asegurar la inclusión.
La funcionaria luego varió su postura en la entrevista. “La información nunca está de más, si se recopila, sería excelente. No hay ninguna limitación. Sí, obviamente, habría que, entonces, añadirlo a la estadística con el propósito de quizás estudiar la necesidad”, manifestó.
La Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado, reconoció que esa dependencia tampoco recoge estadísticas relacionadas con estas poblaciones.
“No llevamos estadísticas específicas de población LGBT. En casos de maltrato, son querellas generales. Lo mismo sucede entonces con las querellas que hay de centros de cuidado prolongado”, dijo Sánchez Salgado.
En comentarios adicionales durante la encuesta, al menos seis dueños y administradores señalaron que el Departamento de la Familia nunca les ha ofrecido un entrenamiento o información sobre los adultos mayores LGBTQIA+ ni les exige adiestramientos relacionados con esta poblaciones. Además, el CPI y El Nuevo Día revisaron los folletos que la agencia tiene disponibles en su página web, y no se encontró ninguno relacionado con personas mayores de estas comunidades, pese a que sí existen otros dirigidos a aspectos específicos que afectan a los adultos mayores en Puerto Rico, como explotación financiera, servicios de protección, prevención de maltrato, entre otros temas vinculados a la vejez.
Familia no tiene guías ni adiestramientos
González Nieves reconoció que la agencia no tiene ninguna guía activa o adiestramiento disponible para los operadores de los centros relacionados con los servicios y necesidades de los adultos mayores LGBTQIA+. Pero indicó que, a nivel individual, nada impide a los centros ofrecerlos.
“Se requiere que todo establecimiento tenga contratados los servicios de un trabajador social con licencia. Este trabajador social tiene el deber de desarrollar un plan de servicio para cada adulto mayor que allí reside y lo ejecuta conforme a las necesidades del adulto mayor”, planteó.
La iniciativa, sin embargo, dependería de que el adulto mayor se exprese sobre su orientación sexual o identidad de género, mientras que las guías del Centro Nacional de Recursos Sobre el Envejecimiento en Personas LGBT recomiendan no esperar a que un adulto mayor se exprese abiertamente, sino reconocer que existen diversidades de orientación sexual e identidad de género.
González Nieves sostuvo que este tipo de instalaciones son “una de las industrias más reglamentadas”. Indicó que, en términos de fiscalización y cumplimiento, los centros de cuidado de personas envejecidas se rigen bajo la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada (Ley 94 de 1977). Pero esta ley no aborda asuntos de discrimen ni orientación sexual o identidad de género.
Estos espacios también deben guiarse por el Reglamento para el licenciamiento y supervisión de establecimientos para el cuidado de personas de edad avanzada (Reglamento 7349). En su artículo 24, el reglamento indica que ningún centro licenciado podrá discriminar por motivos de raza, color, edad, nacimiento, género, origen, condición social, ni ideas políticas o religiosas “o cualquier otra causa ilegal”.
“Incluye obviamente el tema que nos están preguntando, que es la orientación sexual”, indicó González Nieves.
El secretario de la Vivienda, por su parte, sostuvo que las égidas que administra la agencia, el Programa de Sección 8 (programa de vales) y los residenciales públicos se rigen por estándares en contra de cualquier tipo de discrimen, tanto en la admisión de participantes como en los servicios de cada proveedor.
“Estamos bien alertas a que no se dé un discrimen, no solamente en la admisión y elegibilidad en procesos de admisión, sino también en los servicios que se ofrecen en cada uno de nuestros proyectos”, dijo.
Rodríguez Rodríguez aseguró que, en el caso de Vivienda Pública, la agencia ofrece “adiestramiento recurrente”, dirigido a la empleomanía y la población en general en la égida, sobre la no discriminación y el cumplimiento con la legislación y reglamentación sobre no discrimen. El funcionario indicó que, desde 2012, deben cumplir con una norma federal que asegura la igualdad al acceso a vivienda, independiente de la orientación sexual o identidad de género del solicitante.
Rodríguez Rodríguez aseguró que, en el caso de Vivienda Pública, la agencia ofrece “adiestramiento recurrente”, dirigido a la empleomanía y la población en general en la égida, sobre la no discriminación y el cumplimiento con la legislación y reglamentación sobre no discrimen. El funcionario indicó que, desde 2012, deben cumplir con una norma federal que asegura la igualdad al acceso a vivienda, independiente de la orientación sexual o identidad de género del solicitante.
“En las [égidas] que sí nosotros somos dueños y administradores, cuando damos distintas charlas y orientaciones antidiscrimen, sin duda, se incluye el tema de discrimen a la comunidad LGBTT”, subrayó.
Se le solicitó a la agencia proveer documentos relacionados con los adiestramientos que ofrecen y el contenido educativo en torno a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero al momento de esta edición tampoco fueron provistos.
“Volver al clóset después de salir del clóset”
A menudo, las personas mayores enfrentan discrimen por edad o edadismo, explicó el director de AARP en Puerto Rico. Esa forma de discrimen se exacerba cuando se intersecciona con otras manifestaciones de discrimen, como el racismo, el machismo o la homofobia, destacó.
Las égidas y centros de cuidado prolongado son espacios no exentos de este tipo de manifestaciones e intersecciones de discrimen, explicó Acarón Rodríguez. “Los hogares y las égidas son un microcosmos de la comunidad general; de la sociedad. En esa población que existe ahí, también tienen prejuicios y tienen estereotipos y tienen discrimen”, apuntó.
Acarón Rodríguez coincidió en que una de las consecuencias de estas manifestaciones discriminatorias en contra de personas envejecidas de las comunidades LGBTQIA+ es que deciden esconder su identidad al llegar a una égida o centro de cuidado.
“Llega el momento que tienen que volver al clóset después de salir del clóset, con todo lo que conlleva ya de mayores, por las vulnerabilidades que pueden tener, para poder recibir los servicios”, relató.
En una égida en la región de Aguadilla, un matrimonio de mujeres decidió solicitar apartamentos por separado y no hacer pública su relación, pese a que pueden vivir juntas. En otra égida de la región de Mayagüez, dos personas adultas mayores han compartido con la administración que se identifican como parte de las comunidades LGBTQIA+, pero temen expresar su identidad de manera pública, reveló la encuesta.
En otros casos, administradoras o trabajadores sociales encuestadas dijeron tener conocimiento de que, entre los residentes de las égidas donde trabajan, viven personas mayores LGBTQIA+ que no se han identificado como tales ni ante la administración ni a otros residentes. Dijeron que tienen ese conocimiento por comentarios que llegan al personal administrativo por parte de otros residentes o por estereotipos sobre las identidades de género y orientación sexual.
Por ejemplo, una trabajadora social reconoció que, entre los residentes, ha escuchado “bromas” relacionadas con la orientación sexual de algún vecino, y que “más o menos” les ha compartido información educativa sobre las comunidades LGBTQIA+.
“Siempre hay uno que otro que se tira su comentario, como que ellos dicen, ‘mira, a este le gustan los hombres’, cosas así. Son de las bromas que generalmente oyes por ahí. Si yo los oigo y estoy cerca, les digo, ‘me suspenden el temita y hablen con cordura, que aquí todo el mundo tiene derecho a escoger lo que le dé la gana’. […] Se respeta bastante a los demás”, relató la trabajadora social sobre cómo en la égida en la que trabaja se manejan las “bromas” sobre orientación sexual.
González Nieves confirmó que el Reglamento 7349, que dispone cursos o adiestramientos de capacitación anuales para los administradores y personal de centros requeridos para las licencias de operación, está bajo revisión desde agosto del 2022 para añadir, en el área de socialización, “el tema de sexualidad”.
Según la funcionaria, esta revisión contó con opiniones y recomendaciones de los dueños de establecimientos y asociaciones como AARP, la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración y la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico. No se incluyó a ninguna organización que vele por los derechos de las poblaciones LGBTQIA+.
La presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, indicó, sin embargo, que el Departamento de la Familia no le solicitó una recomendación respecto a las personas mayores LGBTQIA+, aunque avaló la enmienda al reglamento. La Asociación, por su parte, trabaja bajo el liderato de AARP en una propuesta de enmiendas a favor de los adultos mayores de las comunidades LGBTQIA+ en la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores (Ley 121 de 2019).
“Se debe garantizar que se respeten sus derechos [a las poblaciones LGBTQIA+] y se respete su identidad de género”, subrayó Aponte.
También confirmó los resultados de la encuesta que realizó el CPI y El Nuevo Día al señalar que, desde el Departamento de la Familia, “no ha habido un adiestramiento dirigido a la prestación de servicios” a los adultos mayores LGBTQIA+.
Los cursos que ofrece el Departamento de la Familia incluyen sensibilidad en el cuidado, características y necesidades físicas, conocimiento y manejo de enfermedades comunes, nutrición y alimentación, salud e higiene, abuso y negligencia, recreación y ocupación y técnicas de desalojo en casos de emergencias, según aparece en el Reglamento 7349. Sin embargo, esta investigación constató que ninguno de estos cursos hace referencia a la orientación sexual o identidad de género de los adultos mayores. Aunque la directora de Licenciamiento dijo esperar que las enmiendas al Reglamento estén listas en o antes de noviembre, no pudo precisar cuándo la agencia comenzará a ofrecer un curso enmendado.
“Dentro de esa variedad de cursos que se están ahora añadiendo a la lista, obviamente está el tema del manejo de situaciones que puedan estar relacionadas al discrimen, ya sea por orientación sexual o por cualquier otro tipo de discrimen”, aseguró González Nieves.
Contrario a la agencia, la organización Waves Ahead ofrece sesiones de adiestramiento que abarcan lo más básico, desde qué significa cada letra del acrónimo LGBTQIA+ hasta cuáles son algunas situaciones de salud que impactan más a estas comunidades, expuso Labiosa.
Pese a que es la única organización que ofrece servicios a adultos mayores LGBTQIA+, Labiosa indicó que no ha recibido ninguna consulta o petición de recomendación del Departamento de la Familia para el proceso de enmiendas al reglamento.
Waves Ahead ofrece un programa con credenciales que brinda capacitación en competencias LGBTQ+ y consultoría sobre cuestiones de envejecimiento de personas LGBTQIA+ a los proveedores de servicios tras el cual las agencias son certificadas como capacitadas para ofrecer servicios a estas personas.
Las capacitaciones abordan temas como apoyo a personas mayores LGBTQIA+, cómo crear comunidades inclusivas para adultos mayores, aspectos específicos del cuidado, información y sugerencias dirigidas al servicio de personas trans envejecidas y hacer preguntas demográficas sobre la orientación sexual y la identidad de género.
La directora interina de Licenciamiento en Familia dijo que los nuevos cursos incluídos en las enmiendas al reglamento serán impartidos por entidades que estén certificadas por el Departamento de la Familia. “Como parte de los requisitos que se le exigen a estas entidades educativas es que presenten un currículo, [que] es evaluado por la especialista de la Oficina de Licenciamiento”, explicó González Nieves.
“Hay una falta de educación en toda esta gente que está abriendo estos espacios para el adulto mayor en Puerto Rico; no están recibiendo el entrenamiento”, apuntó Labiosa. Sostuvo que la organización — que ha adiestrado a 269 proveedores de servicios al adulto mayor — estaría disponible para ofrecer los adiestramientos que exigiría Familia, cuando se concreten las enmiendas al Reglamento.
La doctora y gerontóloga Astrid Santiago Orria, quien ha trabajado con las poblaciones de personas mayores LGBTQIA+, recomendó la actualización de estos cursos para integrar temas como respeto a la diversidad, sensibilidad y competencia (conocimientos básicos), que son indispensables para las personas que administran los centros de cuidado prolongado y las égidas.
“Es importante educar a esos profesionales, porque la intervención tiene que estar basada en unir la cultura y sensibilidad de la población LGBT, o sea, sus necesidades, preferencias y fortalezas”, dijo.
Para Acarón Rodríguez, reforzar la inclusión de más aspectos que eviten el discrimen contra las personas envejecidas LGBTQIA+ debe guiar una mejor calidad de vida de estas personas.
“Los hogares de cuidado, los centros de actividades múltiples y las égidas son sitios para que la gente continúe su vida, según ellos la definen. Nadie tiene el derecho de cuestionar la decisión de cómo quiere vivir una persona su vida, no importa la edad. Y yo creo que eso es lo que la Constitución de Puerto Rico estipula, de que se respeta la dignidad del ser humano, no importa qué”, puntualizó.
Metodología
La encuesta realizada por el Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día se hizo mediante llamadas telefónicas entre abril y mayo de 2023. De un total de 88 centros licenciados y certificados para adultos mayores contactados, 80 aceptaron ser encuestados y ocho declinaron participar. El nivel de confianza es de 90% y el margen de error es de 10%. La muestra a nivel de Puerto Rico de esta encuesta fue diseñada con el apoyo técnico de los demógrafos Judith Rodríguez y Raúl Figueroa.
También se realizó un sondeo a 16 égidas de un total de, al menos, 202 en Puerto Rico, según las listas del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.
Esta investigación periodística no identifica todos los nombres de las égidas y centros encuestados para promover la honestidad en las respuestas y a la vez proteger la identidad de las personas mayores de las comunidades LGBTQIA+ que no necesariamente han compartido abiertamente su orientación sexual o identidad de género.
Esta investigación es resultado de una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo y fue posible en parte con el apoyo de True Self Foundation.
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